La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió una solicitud formal para realizar una audiencia pública enfocada en analizar la prisión preventiva oficiosa y la figura del arraigo, dos mecanismos jurídicos cuestionados por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

La petición fue presentada por Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortiz, quienes pasaron 17 años en prisión sin sentencia y cuyo caso derivó en una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado mexicano.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dio entrada a la solicitud, aunque recordó que, conforme a un acuerdo vigente desde el 13 de octubre, el Pleno de la Corte definirá si procede convocar la audiencia hasta que se concluyan los proyectos sobre el tema, elaborados por las ministras María Estela Ríos González y Yasmín Esquivel Mossa.

García y Alpízar también solicitaron impedimentos contra ambas ministras, argumentando un posible riesgo de falta de imparcialidad. De autorizarse, esta sería la segunda audiencia pública organizada por la nueva integración de la SCJN, tras la realizada sobre el derecho a la consulta de personas con discapacidad.

El ejercicio abriría un nuevo espacio de deliberación sobre una de las figuras más controvertidas del sistema penal mexicano, señalada por permitir que personas permanezcan privadas de la libertad sin sentencia durante años.