La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir la nueva Ley General de Aguas y reformar la actual Ley de Aguas Nacionales, con la intención de frenar el robo, la sobreexplotación y la corrupción en torno al manejo de este recurso vital. El documento reconoce que México enfrenta una “crisis sin precedentes” en materia hídrica, con casi la mitad del territorio nacional —45.8%— afectado por sequía hasta el pasado mes de abril, especialmente en el noroeste del país.

La propuesta busca garantizar el acceso y la disponibilidad del agua en todo el territorio, pero también endurecer las sanciones contra quienes la usen o comercien de manera ilegal. Para ello, se crea un nuevo capítulo denominado “Delitos Hídricos”, en el que se establece que estas faltas serán perseguidas de oficio, es decir, sin necesidad de denuncia previa.

Entre las sanciones más severas destacan penas de dos a diez años de prisión a quien traslade o comercialice aguas nacionales sin autorización, y hasta nueve años de cárcel a quienes manipulen los dispositivos de medición para simular un consumo menor. Las penas también aplicarán para quienes desvíen o alteren cauces naturales, generando afectaciones a ecosistemas o comunidades.

El castigo más alto será de hasta 12 años de prisión, destinado a los funcionarios que otorguen concesiones o permisos de explotación de agua a familiares o a cambio de beneficios personales, así como a quienes ofrezcan dádivas o sobornos para conseguir dichos documentos. De aprobarse, esta reforma colocaría a México entre los países de América Latina con las sanciones más severas por corrupción en el manejo del agua.

Además de las penas de cárcel, la iniciativa contempla multas de hasta 50,000 UMA, equivalentes a cerca de cinco millones de pesos, a quienes excedan los volúmenes concesionados, realicen obras sin permiso en zonas de veda o cambien el uso de suelo autorizado. Con esta reforma, el gobierno busca no solo endurecer el castigo, sino también redefinir la gestión del agua como un asunto de justicia ambiental y equidad social.