El gobierno de Puebla enfrenta un adeudo cercano a mil millones de pesos por laudos laborales derivados de despidos injustificados realizados durante el sexenio de Rafael Moreno Valle (2011-2016); la mayoría de las demandas fueron promovidas por extrabajadores que acreditaron haber sido cesados sin causa legal.

De acuerdo con José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal, el pasivo representa un fuerte impacto para las finanzas públicas. Hasta la fecha, la administración actual ha destinado 110 millones de pesos al pago de resoluciones judiciales firmes, mientras que cerca de 900 millones continúan en litigio o en procesos de negociación.

“Son casos heredados de gobiernos anteriores que deben cumplirse conforme a derecho”, reconoció García Parra, quien añadió que el estado mantiene una estrategia jurídica para resolver los pendientes y reducir el impacto presupuestal, sin embargo, aclaró que hay resoluciones judiciales que sí o sí deberán acatarse y pagarse con recursos públicos.

El funcionario adelantó que, junto con la Consejería Jurídica, se presentará un informe detallado sobre la situación de los laudos y las acciones emprendidas para atenderlos. El adeudo, advirtió, representa un desafío financiero para Puebla, ya que el cumplimiento de estos fallos limita los recursos destinados a programas y proyectos en curso.