En El Salvador se endurece control en las aulas: prohíbe el lenguaje inclusivo y refuerza políticas conservadoras

El gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, oficializó este jueves la prohibición del lenguaje inclusivo en todos los centros educativos públicos. La medida, impulsada por la ministra de Educación Karla Trigueros, veta expresiones como “amigue”, “compañere”, “niñe”, “tod@s” o “nosotrxs”, al calificarlas como “modificaciones ideológicas indebidas” del idioma español.
La disposición forma parte de un paquete de reformas que busca “preservar el uso adecuado del idioma”, pero que en la práctica elimina cualquier referencia a una perspectiva de igualdad de género en los materiales escolares, circulares y documentos oficiales. El cumplimiento será obligatorio para más de 5 mil escuelas y para todo el personal docente y administrativo del sistema educativo nacional.
Organizaciones magisteriales y colectivos de derechos humanos han señalado que esta medida representa un retroceso en el reconocimiento de la diversidad y la inclusión. En particular, recuerdan que en 2024 el propio Bukele ya había ordenado eliminar contenidos de género en libros de texto, lo que evidencia una estrategia sistemática para excluir la perspectiva de igualdad en la educación pública.
Además del veto al lenguaje inclusivo, el Ejecutivo ha implementado controles disciplinarios como uniformes obligatorios, cabello corto para varones y revisiones diarias de presentación personal. Estas políticas, sumadas a la actual prohibición, son vistas por sectores críticos como parte de la “militarización del sistema educativo” y un modelo centrado en el control más que en la formación integral del alumnado.
Aunque Bukele en sus primeros años se mostró cercano a las demandas de colectivos LGBTIQ+, su administración ha girado hacia una agenda conservadora que restringe derechos y expresiones de diversidad. Para especialistas en derechos humanos, la prohibición del lenguaje inclusivo en las aulas simboliza un retroceso en la construcción de sociedades más igualitarias y marca un precedente preocupante para la región.