El Senado de la República se prepara para votar la reforma a la Ley de Amparo, tras recoger observaciones en audiencias públicas con especialistas y sectores involucrados. El dictamen también contempla ajustes al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Uno de los cambios principales redefine el “interés legítimo”, que podrá ser individual o colectivo sin necesidad de demostrar afectación actual o beneficio directo. Con ello, se busca fortalecer la protección en casos de derechos colectivos y difusos.

En el ámbito fiscal, se precisó que solo se aceptarán billetes de depósito o cartas de crédito como garantía en la suspensión de créditos fiscales firmes. Además, se amplían plazos: los jueces tendrán hasta 90 días para dictar sentencia en amparos indirectos y las personas en procesos penales contarán con cinco días —en lugar de tres— para presentar la garantía correspondiente.

El dictamen también mantuvo las sanciones a autoridades que incumplan suspensiones o sentencias, y añadió artículos transitorios para que los casos en curso se ajusten a las nuevas reglas. La discusión en comisiones está prevista para este miércoles, y el pleno podría debatir la iniciativa hasta la madrugada del jueves.