La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto sobre la mesa del Senado una reforma a la Ley de Amparo y a diversas leyes secundarias, con el argumento de agilizar la justicia y evitar abusos de este recurso legal; el proyecto no solo modifica la Ley de Amparo, sino que también impacta al Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, el Código Fiscal de la Federación y otras normativas clave.

La iniciativa plantea tres cambios centrales: 1) impedir que los jueces concedan suspensiones provisionales cuando se trate de bloqueos de cuentas por lavado de dinero, 2) limitar la presentación de amparos sucesivos para retrasar el pago de impuestos y 3) modernizar el sistema mediante juicios digitales con plazos más cortos para su resolución.

De acuerdo con el gobierno, entre 2018 y 2025 se desbloquearon mediante amparos cuentas por más de 27 mil millones de pesos, lo que —afirman— evidencia un uso indebido de este recurso. En materia fiscal, sostienen que hay contribuyentes que han logrado posponer el cobro de impuestos durante décadas gracias a esta estrategia.

Sin embargo, la propuesta encendió críticas de legisladores opositores y organizaciones civiles. Señalan que el amparo es la principal herramienta de defensa ciudadana y que los cambios, en especial los relacionados con el “interés legítimo”, podrían restringir el acceso a la justicia de grupos vulnerables o colectivos que defienden derechos ambientales y sociales.

El debate político también gira en torno al proceso legislativo. Mientras Morena impulsa la aprobación rápida como parte de la reforma judicial, voces como la del senador Javier Corral demandan un Parlamento Abierto para discutir con expertos y sociedad civil. Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, la reforma solo busca ordenar y agilizar la justicia; para la oposición, abre la puerta a recortar derechos.