La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó este lunes una segunda acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Ciberasedio de Puebla, al considerar que la redacción del tipo penal carece de claridad y podría derivar en aplicaciones arbitrarias que afecten la libertad de expresión.

Aunque el Congreso local realizó modificaciones a la norma, la CNDH sostiene que los conceptos siguen siendo ambiguos. La primera acción fue interpuesta el 14 de julio bajo el expediente 76/2025, y la segunda se registró el 11 de agosto con el número 88/2025. Ambas se encuentran pendientes de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En su documento, la CNDH advierte que términos como “hostigar”, “intimidar” y “ofender”, incluidos en el artículo 480 del Código Penal estatal, presentan problemas de definición que generan incertidumbre jurídica. El organismo explica que estas expresiones dependen de valoraciones subjetivas y no establecen parámetros claros para determinar la conducta sancionable.

La Comisión recordó que la figura de ciberacoso ya contempla actos reiterativos desde 2019, por lo que el uso del verbo “hostigar” en la nueva ley podría duplicar regulaciones. Además, señaló que “intimidar”, definido como causar miedo, varía entre personas, mientras que “ofender” se configura si la víctima percibe una afrenta, sin requerir intención del autor, lo que podría derivar en sanciones desproporcionadas.

La reforma aprobada en junio de 2025 establece penas de seis meses a tres años de prisión para quien utilice tecnologías digitales para hostigar, vigilar, intimidar o vejar de manera reiterada a otra persona, afectando su vida cotidiana o su integridad física o emocional. Aunque se redujo la pena mínima, la CNDH advierte que la ley todavía no garantiza certeza jurídica.

Organizaciones civiles y colectivos de periodistas han alertado que la norma podría ser utilizada para limitar la crítica y restringir la libertad de expresión en redes sociales y otros espacios digitales. La SCJN será la encargada de analizar las acciones y determinar si la ley se ajusta a los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.