La plataforma de transporte Uber incrementó sus tarifas en México hasta un 7%, una decisión que, según la empresa, responde a la necesidad de respaldar los ingresos de sus conductores luego de su inclusión a la seguridad social.

Con este ajuste, Uber argumenta que busca compensar el impacto económico derivado de la reciente incorporación de sus socios conductores al sistema de protección social, medida que representa cambios significativos en el modelo de trabajo del sector.

Sin embargo, el gobierno federal expresó su desacuerdo con el aumento de precios y calificó la acción como una decisión unilateral por parte de la empresa. Además, autoridades federales subrayaron la importancia de proteger los derechos de los usuarios de este servicio de transporte digital.

Ante la inconformidad oficial, se anunció la puesta en marcha de operativos especiales. El objetivo de estas inspecciones será verificar si el incremento en las tarifas de Uber cumple con la normativa vigente y no vulnera los derechos de los consumidores mexicanos.

En este contexto, tanto usuarios como conductores se mantienen atentos al desarrollo de esta situación, que podría marcar un precedente importante para el sector de transporte privado digital y su relación con las autoridades laborales y de protección al consumidor en México.