La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación sobre la posible existencia de un centro de espionaje instalado en una residencia que anteriormente fue asegurada a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas. Esta pesquisa busca esclarecer el uso indebido del inmueble para actividades de vigilancia ilegal.

De acuerdo con testimonios recabados, durante la administración de Jesús Murillo Karam, funcionarios habrían utilizado este lugar para intervenir comunicaciones sin contar con la autorización judicial correspondiente. Este presunto espionaje se habría realizado de manera clandestina, violando derechos fundamentales.

El caso está relacionado con prácticas de vigilancia política que operaban de forma paralela al uso del controvertido software Pegasus, conocido por su empleo en espionaje digital. Esta situación ha reavivado el debate público y político en México sobre la ilegalidad y el alcance del espionaje gubernamental.

La investigación de la FGR representa un paso importante para esclarecer posibles abusos de poder y fortalecer la rendición de cuentas en materia de derechos humanos y privacidad. Además, pone en el centro del debate la necesidad de regular y supervisar las herramientas de vigilancia utilizadas por autoridades.

Este nuevo capítulo en la lucha contra el espionaje ilegal en México ha generado gran expectativa sobre los resultados de las indagatorias y sus posibles repercusiones en el ámbito político y judicial del país.