A partir del 1 de agosto, el expresidente Donald Trump impondrá un arancel del 30% a todas las mercancías originarias de México, como medida para presionar al gobierno mexicano a controlar el tráfico ilegal de fentanilo. Esta decisión busca frenar el creciente flujo de esta droga hacia Estados Unidos, que ha generado una grave crisis de salud pública.

Ante esta medida, México ha iniciado negociaciones diplomáticas con las autoridades estadounidenses para evitar la entrada en vigor del impuesto arancelario. Una delegación mexicana ya se trasladó a Washington para mantener un diálogo directo y buscar soluciones conjuntas que permitan mitigar el problema sin afectar el comercio bilateral.

Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contempla exenciones arancelarias para ciertos productos, se estima que más de la mitad de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos podrían verse impactadas por esta nueva carga fiscal. Esto generaría un impacto económico significativo para ambos países, especialmente en sectores clave.

El gobierno mexicano insiste en la necesidad de colaboración y acciones conjuntas para combatir el tráfico de fentanilo, en lugar de aplicar medidas unilaterales que podrían dañar la relación comercial. Mientras tanto, la comunidad empresarial y los analistas monitorean de cerca el desarrollo de las negociaciones.

La imposición del arancel representa un nuevo capítulo en las complejas relaciones comerciales y diplomáticas entre México y Estados Unidos, con implicaciones que podrían extenderse más allá del ámbito económico hacia temas de seguridad y cooperación internacional..