En Xoxtla, los activistas Pascual Bermúdez y Rogelio Flores enfrentan una denuncia penal interpuesta por la empresa Concesiones Integrales, la misma compañía que previamente presentó cargos contra Renato Romero. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, quienes consideran que la empresa busca silenciar las voces críticas en la región.

Los residentes de Xoxtla han señalado una posible colaboración entre las autoridades locales y Concesiones Integrales, lo que ha incrementado la tensión social. Denuncian que esta alianza estaría favoreciendo los intereses de la empresa en detrimento de la comunidad y el medio ambiente.

Uno de los principales puntos de conflicto es el acuerdo vigente que permite la extracción de agua desde Xoxtla hacia la capital del estado, Puebla. Los pobladores exigen la cancelación inmediata de este convenio, argumentando que afecta sus recursos hídricos y pone en riesgo el suministro para la población local.

La denuncia contra Bermúdez y Flores se suma a un contexto de creciente resistencia social en la zona, donde la defensa del agua y el territorio se ha convertido en un tema prioritario para los ciudadanos. La comunidad insiste en que se respeten sus derechos y se garantice la transparencia en las decisiones que impactan su entorno.

Este caso refleja la compleja relación entre empresas concesionarias, autoridades y comunidades en disputa por recursos naturales, y pone en evidencia la necesidad de un diálogo abierto y justo para resolver los conflictos sin recurrir a medidas legales que puedan criminalizar la protesta social.