La Fiscalía General de la República (FGR) vinculó a proceso a Andrés “G”, exfuncionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Puebla, acusado de ordenar la destitución de una profesora tras la difusión de mensajes críticos hacia el gobierno estatal. Este caso ha generado preocupación por la posible vulneración de la libertad de expresión en el ámbito educativo.

Además del exfuncionario, la FGR también procesó a Carlos Roberto Martínez Peláez, quien fungía como responsable del plantel donde laboraba la docente. Ambos enfrentan cargos relacionados con la presunta acción ilegal contra la profesora, en un proceso que continúa abierto y bajo investigación.

El caso ha puesto en el foco la relación entre autoridades educativas y la protección de los derechos laborales y de expresión de los trabajadores del sector. La vinculación a proceso refleja el avance judicial en una situación que involucra posibles abusos de poder y represalias por opiniones críticas al gobierno.

Este proceso judicial destaca la importancia de garantizar que los funcionarios públicos actúen dentro del marco legal y respeten los derechos fundamentales, especialmente en contextos donde la crítica y la disidencia son parte esencial de la democracia.