A las fallas de los comités de evaluación para la elección de jueces, al permitir la filtración de 26 juristas con “expedientes negros”, los legisladores Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna suman una pifia técnica. Ya pasó el momento para objetar el registro de una candidatura ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La presentación de “pruebas” de los vínculos con grupos delictivos de los candidatos a jueces, magistrados y ministros ante el Tribunal Electoral es la muestra del desconocimiento de Fernández Noroña y Gutiérrez Luna de los plazos y términos en materia electoral. Las boletas ya están impresas y será después del 1 de junio, el momento adecuado para la revisión de los perfiles y proceder a la impugnación.

Lo hecho en estos días será una simulación por parte del neomerenista Fernández Noroña. Incluso, es una señal para abrir, de nueva cuenta, la confrontación con Guadalupe Taddei, presidenta consejera del INE. Solo es revivir la vieja tesis de que el instituto electoral es un órgano obsoleto y que se encuentra alejado del proyecto de la cuatroté.

Y es que el INE carece de la capacidad de decidir cuáles de los candidatos a juzgadores cumplen o no con los requisitos de elegibilidad, o si son idóneos para ocupar los cargos a los que aspiran dentro del poder judicial. Los tiempos y los plazos ya están apretados cuando faltan 24 días para la elección. Aun así, Fernández Noroña apuesta por el protagonismo y llamar la atención a través de restarle fuerza a la elección.

De acuerdo con el camino de la elección, una vez concluidos los cómputos, y en el momento previo a la declaración de validez de la elección, el INE, sobre la base de la documentación que tenga en ese momento, tendrá que decidir a través de la declaración de validez si uno u otro candidato o candidata cumplen o no con las condiciones para ocupar el cargo. La ley establece que, si alguien pierde la candidatura por cualquier razón antes de la elección y su nombre está en la boleta, los votos a su favor se contarán como nulos.

Aunque la elección es calificada como un hecho histórico, es evidente que ante la cantidad de dificultades que se han generado sobre la marcha del proceso electoral judicial, tanto por los comités, la elección por tómbola y ahora, la filtración de perfiles torvos es evidente que cuando este concluya será necesaria una nueva reforma electoral.

Aun cuando el tribunal electoral invalide el registro, a la ciudadanía no se le da confianza con el escándalo de Noroña, si a esto se añade que de acuerdo con un sondeo de Enkoll, solo el 20 por ciento de los encuestados sabe la fecha exacta del día de la elección, el país va a unos comicios manoseados, rebuscados e impugnados por el propio partido que los impulsó.

Editor: Fabián Sánchez