La empresa de telecomunicaciones Totalplay enfrentó un fuerte revés tras el intento de implementar una nueva política de “Consumo Incluido”, la cual establecía límites mensuales de datos para sus planes residenciales.

A pesar de justificar la medida como una estrategia para mejorar la calidad del servicio y evitar congestionamientos en la red, la respuesta de los usuarios y la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) obligaron a la compañía a dar marcha atrás en su aplicación.

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El anuncio de la política se viralizó el 2 de abril en redes sociales, provocando una ola de críticas de los clientes de Totalplay. Muchos expresaron su inconformidad ante la posibilidad de enfrentar límites de datos y costos adicionales por superar el consumo permitido. Como respuesta, algunos usuarios amenazaron con cambiar de proveedor.

La situación escaló cuando Profeco intervino, emitiendo un comunicado en el que señaló que “bajo ninguna circunstancia, los proveedores pueden modificar las condiciones que originalmente se hayan acordado en los contratos de adhesión”. Esto puso en entredicho la legalidad de la nueva política de Totalplay y generó incertidumbre sobre su implementación.

Detalles de la Política

Límites de consumo: La propuesta establecía límites de datos mensuales entre 1,000 GB y 3,999 GB, dependiendo del plan contratado.

Notificaciones: Se contemplaban alertas al alcanzar el 80% y el 100% del límite de datos.

Cargos adicionales: A partir de la segunda ocasión en que un usuario superara su límite, se aplicaría un cargo de $110 pesos por cada 100 GB adicionales, sin posibilidad de adquirir más datos tras alcanzar los 3,999 GB.

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Totalplay recibe presión y retrocede

Ante el rechazo masivo y el pronunciamiento de Profeco, Totalplay finalmente anunció que no aplicaría la medida, argumentando que su “política de uso justo siempre ha existido y se actualizaría para mejorar la calidad del servicio”. Sin embargo, el intento fallido de implementar esta restricción dejó a la compañía en el centro de la controversia y evidenció la presión que los consumidores pueden ejercer sobre las empresas proveedoras de servicios.

Editora: Socorro Juárez

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