En el discurso público, la “sociedad civil” es presentada como el contrapeso natural al poder político. Mientras los políticos gobiernan, la sociedad civil fiscaliza, moviliza y actúa en defensa de la democracia. Pero ¿y si esta separación fuera solo un artificio conceptual?

En la práctica, la sociedad civil no es una entidad neutra ni autónoma, está compuesta por actores con intereses, estructuras de poder y fuentes de financiamiento que pueden inclinar la balanza política.

Un caso evidente de esto es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), cuyo financiamiento a organizaciones en México ha sido objeto de escrutinio. Bajo el pretexto de fortalecer la democracia y los derechos humanos, USAID ha sido señalada por operar como una herramienta de influencia extranjera, beneficiando a ciertos grupos y erosionando la soberanía nacional.

Durante años, USAID ha canalizado fondos a organizaciones mexicanas que, en teoría, fortalecen el tejido social. Sin embargo, investigaciones han señalado que parte de estos recursos pudieron haber sido utilizados para beneficiar a actores políticos específicos durante las elecciones de 2024.

Este patrón no es nuevo. En América Latina, USAID ha sido acusada en múltiples ocasiones de intervenir en la política interna de los países bajo el manto de la cooperación internacional. No se trata solo de ayudar a comunidades vulnerables o promover la democracia, sino de moldear el panorama político conforme a los intereses estratégicos de Estados Unidos.

Aquí es donde la idea de la sociedad civil como ente separado del poder político se desploma. Como señalaba Norberto Bobbio, el concepto de sociedad civil ha sido utilizado con tantos significados que terminó convirtiéndose en un término vacío.

La realidad es que no hay una sociedad civil pura ni un Estado impuro, ambos son espacios de disputa de poder. Al presentar a la sociedad civil como una instancia moralmente superior y desligada de los intereses políticos, se desdibuja el hecho de que estas organizaciones dependen de financiamiento externo, lo que inevitablemente condiciona sus agendas.

El problema no es que existan organizaciones que reciban apoyo financiero, sino la narrativa que se construye alrededor de ellas. Se nos dice que la sociedad civil es el bastión de la democracia, cuando en realidad está sujeta a las mismas lógicas de influencia y poder que cualquier otra estructura. Y en este escenario, USAID ha jugado un papel clave en la manipulación de discursos y recursos, promoviendo actores afines a su visión de mundo mientras se presenta como una entidad neutral.

Si aceptamos que la política no es exclusiva del Estado y que la sociedad civil no es un ente independiente, se vuelve evidente que el poder no está solo en los gobiernos, sino en quienes financian, movilizan y controlan las narrativas. La decisión de USAID de retirar fondos a organizaciones en México es más que un asunto de cooperación internacional; es una muestra de cómo la influencia política puede ejercerse sin necesidad de ocupar cargos públicos.

El reto ahora es abandonar la ingenuidad y reconocer que no existe una esfera apolítica donde la sociedad civil actúe como salvadora de la democracia. Toda organización, ya sea gubernamental o no, responde a intereses, y la verdadera pregunta es quién está detrás de ellos.

México debe replantear el modelo de financiamiento de sus organizaciones y generar mecanismos que aseguren su independencia real. Porque mientras dependamos de fondos extranjeros con agendas propias, el país seguirá atrapado en un juego donde el poder se define más allá de nuestras fronteras.

Finalmente, ya habrá tiempo de hablar de las organizaciones políticas, que caminan en busca de convertirse en partidos político, nos vemos hasta la próxima entrega.

@ojedapepe

Editor: Fabián Sánchez