Esta semana, miles de vecinos de Culiacán, Sinaloa, se manifestaron contra la violencia en la ciudad, aumentando la presión sobre el gobernador Rubén Rocha, al cual se le señala de una marcada incapacidad, o en el más suave análisis, de una sorprendente indiferencia.

La protesta, la última en esta ocasión, se originó debido a enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa, que desde septiembre han causado balaceras, incendios y cuerpos abandonados en las calles. El reciente asesinato de dos niños y su padre exacerbó la situación, motivando a la comunidad a exigir justicia y criticar la falta de acción por parte de las autoridades.

El caso en particular del gobernador Rubén Rocha parece ser un reflejo de una serie de factores que han sido ya vertidos en diferentes reportes, siendo uno de los más recientes el presentado a mitad de mes por la organización internacional Human Rights Watch (HRW) y su “Informe Mundial 2025”, en materia de Derechos Humanos.

Por citar datos del mismo, se “estima que alrededor de dos tercios de los homicidios son cometidos por el crimen organizado, mientras que se estima que alrededor del 70% de las armas de fuego utilizadas en delitos llegan a México mediante contrabando desde Estados Unidos”.

Estamos entonces ante un contexto de fractura institucional y alto índice de homicidios ligados al crimen organizado, donde confluyen disputas por territorios estratégicos y una fuerte capacidad operativa de los cárteles.

Si bien la respuesta estatal ha incluido operativos de gran escala y un énfasis en la seguridad pública, la persistencia de enfrentamientos y la aparición de nuevos focos de violencia en otros estados de nuestro país, como Chiapas y Guerrero, ponen de manifiesto la complejidad de la crisis de seguridad en el país.

¿Qué hacer? ¿Por dónde comenzar? La inseguridad en México pareciera una hidra de mil cabezas, haciendo alusión a ese famoso ser mitológico con múltiples cabezas que, al ser cortadas, volvían a crecer en mayor número.

En diferentes foros, la misma presidenta ha referido una ruta como respuesta, la cual se centra, grosso modo, en que todos los gobernadores participen a diario en sus Gabinetes de Seguridad para diseñar y supervisar estrategias conjuntas contra el crimen. Lo que implica una permanente coordinación con las fuerzas federales y las fiscalías estatales, respetando su autonomía y dejando a un lado divisiones políticas.

Otro punto clave es invertir en las causas sociales de la violencia. Para ello, el Gobierno de México destinará durante este 2025 más de 800 mil millones de pesos a Programas para el Bienestar y a la Estrategia de Construcción de la Paz, que incluye brigadas para apoyar directamente a las familias más vulnerables y la creación de “Senderos de Paz”, para iluminar zonas peligrosas y fomentar actividades culturales.

Por último, Sheinbaum subraya la necesidad de fortalecer a las policías estatales y municipales, aumentando sus sueldos, mejorando su capacitación y apoyándolas con tecnología e inteligencia. También destaca que la reforma al Artículo 21 de la Constitución permitirá a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana trabajar con más herramientas legales para reducir la impunidad y llevar a los responsables ante la justicia.

¿Será esto suficiente? No, pero la misma estrategia amerita un voto de confianza, por enésima vez, ante una sociedad que se encuentra dentro de las más desconfiadas del mundo.

Esperemos, por el bien de todo México que la estrategia implementada no se reduzca a aprehensiones y a golpes de efecto que poco o nada influyan en la cotidianeidad de todos los mexicanos, esos que construyen país desde el trabajo diario, diligente y honrado.

En última instancia, la pregunta que subyace es si estas medidas serán suficientes para enfrentar eficazmente a la “hidra de mil cabezas” que representa la violencia en México. El verdadero éxito no solo dependerá de la capacidad de las autoridades para ejecutar operativos puntuales, sino de su perseverancia en construir instituciones sólidas, implementar políticas sociales integrales y fomentar una cultura de legalidad que involucre a todos los sectores de la sociedad.

Sin resultados palpables en la vida diaria de los ciudadanos y sin una verdadera colaboración entre los niveles de gobierno, la esperanza de lograr un país en paz corre el riesgo de quedar relegada al ámbito de las buenas intenciones. Por ello, es imprescindible que la estrategia de seguridad se acompañe de voluntad política, seguimiento riguroso y evaluación constante para adaptarse a las nuevas dinámicas del crimen organizado. Solo así se podrá transformar un panorama de desesperanza en un horizonte de reconstrucción y justicia.

@ojedapepe

Editor: Fabián Sánchez