Con un estilo de gobernar displicente, Salomón Jara convirtió a Oaxaca en una coraza donde la mano rígida y la atemorización son toleradas desde el poder gubernamental. En el caso de la desaparición de los luchadores sociales y militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Alberto Cruz y Edmundo Reyes Amaya, el mandatario pasó del silencio cómplice a intimidación de familiares, de los desaparecidos desde mayo de 2007.

El gobernador es omiso ante una desaparición forzada documentada desde hace 17 años. Jara Cruz está a un paso de ser parte de una larga cadena de omisiones y encubrimientos desde el poder, todos ellos con tintes de delitos y tapados desde el poder del gobierno estatal encabezado, en su momento, por Ulises Ruiz Ortiz y heredado a cada gobernador en turno.

El pasado 21 de noviembre, las integrantes del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, Margarita Cruz Sánchez (hermana de Gabriel) y Nadin Reyes Maldonado, (hija de Edmundo) fueron notificadas para asistir al Juzgado Tercero de Distrito con sede en la ciudad de Oaxaca, para ser interrogadas por el abogado defensor de los siete funcionarios locales detenidos. Sin embargo, se trató de una táctica intimidatoria en contra de las activistas-buscadoras debido a que la defensa de Samuel “L”, Dámaso “S”, Juan “R”, Ernesto “H”, Francisco “P”, Abel “M” y Daniel “C”, utilizó un interrogatorio sin preguntas sustanciales que apoyara a resolver el caso de los desaparecidos, más bien, la estrategia, era citarlas en Oaxaca y atemorizarlas.

Aunque todos esos funcionarios estuvieron presentes a la 1:00 a.m. del 25 de mayo de 2007. En ese horario arribó el comandante Pedro Hernández, ahora prófugo, a las oficinas de la policía Ministerial, en donde también se encontraban las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del estado de Oaxaca acompañado del director de la Policía Ministerial, Daniel C.; Juan R (quien era el segundo al mando del Comandante Pedro); el encargado del Grupo de Robos, Abel M., Francisco P. (quien le decían El Garapiñado); Dámaso S. alias El Tomado y Samuel L. alias El Chicharrón.

Dichas autoridades policiales llevaron a los detenidos, Alberto Cruz y Edmundo Reyes, que iban esposados y custodiados, los cuales fueron ingresados por el Comandante Pedro a los separos sin autorización de comandante Gutiérrez Corro quien estaba de guardia. Ahí, ambos funcionarios policiales se hicieron de palabras.

De inmediato, el comandante Corro se levantó de su lugar, se dirigió hacia los separos y le exigió al comandante Pedro, el oficio para meter a los detenidos; sin embargo, este último le contestó que era orden del Procurador. Ahí comenzó la confusión y el abuso de autoridad por parte del comandante Pedro Hernández.

El incidente entre el comandante Pedro Hernández y Gutiérrez Corro quedó reportado en el libro de registro de detenidos. Esa era una de las pruebas fundamentales para el caso. Aunque para abril de 2008 dicho libro había desaparecido del archivo de la procuraduría.

Ahora, a más de 17 años de distancia, los funcionarios detenidos en 2019, recurren con apoyo de autoridades estatales a prácticas intimidatorias sin un objetivo claro para el caso convertido, ahora, en una herencia para el gobernador de Oaxaca sin que se pronuncie para tratar este asunto bajo el llamado humanismo de la cuatroté.

@imendozape

Editor: Fabián Sánchez