El gobierno estatal publicó un acuerdo en el Periódico Oficial para dejar de utilizar siete Centros de Reinserción Social (Cereso), en cumplimiento del respeto a los derechos humanos de los internos.

Esta decisión fue anunciada el lunes 30 de septiembre por el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que determina que el Sistema Penitenciario del Estado de Puebla, “deja de hacer uso de los Ceresos de Atlixco, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán.

El acuerdo se enmarca dentro del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que establece en su Eje 1, la Justicia Social y el Fortalecimiento del Estado de Derecho, y menciona la estrategia del Sistema Penitenciario para “garantizar que existan condiciones dignas y seguras dentro de las instalaciones penitenciarias” y “Mejorar el equipamiento que forma parte de la infraestructura del Sistema de Centros Penitenciarios.”

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La decisión de clausurar estos centros se da luego de que la entidad “obtuviera una calificación del 5.02 en una escala del 1-10 en el Diagnostico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del año 2022″.

El estudio destaca que “la actual problemática se encuentra basada en la sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los Centros Penitenciarios Distritales, mismos que son administrados por los municipios donde se encuentran ubicados”.

Estas condiciones representan uno de los desafíos más importantes para su atención, “en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social”.

Además, estos cierres responden a la Recomendación General No. 28/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que insta a “Gestionar los recursos presupuestales y administrativos a efecto de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para que los centros estatales puedan recibir a los internos que sean trasladados de las cárceles municipales, de conformidad con la normatividad relativa en materia de ejecución penal.”

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Adicionalmente, la CNDH ha recomendado que se realicen las acciones necesarias ante el Poder Judicial para que los internos en cárceles municipales sean trasladados a establecimientos penitenciarios estatales cercanos a su domicilio, en términos de lo dispuestos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo tanto, el acuerdo establece que “el Sistema Penitenciario del Estado de Puebla deja de hacer uso de los Centros de Reinserción Social de Atlixco, Chiautla de Tapia, Izúcar de Matamoros, Tetela de Ocampo, Tecali de Herrera, Chignahuapan y Zacatlán.

La Subsecretaría de Centros Penitenciarios se encargará de reubicar a las personas privadas de la libertad que actualmente se encuentran en estos centros, trasladándolas a otras instituciones penitenciarias del estado, asegurando en todo momento el respeto a sus derechos humanos.

Editora: Socorro Juárez

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