El Congreso de Puebla aprobó por unanimidad la Ley para la Declaratoria Especial de Ausencia, por lo que en el estado se podrá tramitar un documento para que las familias puedan hacer procedimientos legales a nombre de alguna víctima de desaparición forzada.

Este viernes Puebla se unió a los estados que tiene esta ley, como Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila y Colima, así como Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas.

La Declaratoria Especial de Ausencia es un documento que la familia de una persona desaparecida podrá solicitar a un juzgado familiar para garantizar la continuidad de la personalidad jurídica. Podrán promover trámites como guarda y custodia o pensión alimenticia.

Con ella garantizarán la continuación de trámites de seguridad social, hipotecas o créditos en instituciones como el Infonavit o Issstep.

El procedimiento para solicitar la Declaración Especial de Ausencia podrá hacerse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o se haya dado la desaparición.

La Fiscalía Especializada y la Comisión Estatal de Búsqueda facilitarán el formato correspondiente. La solicitud de Declaratoria Especial de Ausencia deberá incluir nombre, parentesco o relación de la persona solicitante con la o el desaparecido y sus datos generales.

También el nombre, fecha de nacimiento y el estado civil de la persona desaparecida, el número de la averiguación previa, la carpeta de investigación o acta circunstanciada del reporte o del expediente de queja o un procedimiento.

Esta aprobación se logró porque el 28 de septiembre de 2023, la Juez Cuarta de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales dictó una sentencia.

Esto, al resolver el juicio amparo indirecto 1129/2023-IV por la omisión legislativa por parte del Congreso local de emitir y armonizar la legislación.

Existen casos como el de la ciudadana llamada “Maru”, cuya hija desapareció en 2021, quien estaba afiliada al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pidió el servicio médico para su nieta, pero no se pudo porque no era la madre de la niña. Tramitó el amparo que ganó, con lo que logró que la niña reciba la atención.