Pobladores de Coyomeapan acusan impunidad; absuelven a 10 policías estatales acusados de multihomicidio
Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia absolutoria y ordenó la liberación de diez elementos de la Policía Estatal de Puebla, quienes permanecían en prisión preventiva desde hace cuatro años; uniformados que estaban acusados de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena, tras el operativo del 9 de mayo de 2022 en la comunidad de Cobatzalco, el cual dejó un saldo de tres pobladores indígenas muertos —entre ellos un menor de edad— y cuatro personas heridas.
La autoridad judicial determinó que la Fiscalía General del Estado (FGE) no aportó las pruebas científicas ni los elementos de convicción suficientes para acreditar la culpabilidad penal de los agentes en el ataque armado. Los policías estatales siempre argumentaron que acudieron a la zona de la Sierra Negra tras recibir un reporte de emergencias que alertaba sobre la presencia de personas con armas de fuego en la localidad.

La resolución absolutoria desató una ola de indignación y rechazo absoluto entre los habitantes de Coyomeapan y diversas organizaciones civiles. Defensores de los derechos indígenas y líderes del Movimiento de Autogestión Social Campesina Indígena Popular (MASCIP) calificaron el fallo como un agravio directo a la memoria de las víctimas: Omar Herrera Raymundo, Teófilo Barrera Herrera y Marcelo Carrera Reyes, todos ellos integrantes activos del movimiento social “Unidad por Coyomeapan”.
José Luis Leiva Machuca, dirigente del MASCIP, denunció públicamente que el sistema judicial local actúa con intereses políticos y como una herramienta de represión. Acusó que el tribunal apresuró el carpetazo para beneficiar a los agentes y proteger a los presuntos autores intelectuales del ataque, señalando de forma directa a los caciques locales Araceli y David Celestino Rosas.
Los pobladores advirtieron que la supuesta paz en el municipio es ficticia y que en los próximos días someterán a asamblea comunitaria la realización de cierres carreteros y protestas masivas ante lo que consideran una “justicia vendida al mejor postor”.



