La reforma que plantea crear una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto Nacional Electoral permitirá que aspirantes a cargos públicos decidan voluntariamente si aceptan o no ser revisados por posibles vínculos con el crimen organizado, sin que negarse afecte su registro electoral.

El dictamen elaborado por la Comisión de Reforma Política Electoral de la Cámara de Diputados establece que el mecanismo será “voluntario, preventivo, confidencial y no vinculante”, por lo que ningún candidato estará obligado a someterse al análisis de integridad. Esto significa que los partidos políticos podrán registrar aspirantes aunque rechacen la revisión del INE o incluso si la evaluación detecta riesgos relacionados con presuntos nexos criminales.

La iniciativa presidencial plantea que la nueva comisión emita únicamente advertencias técnicas basadas en información institucional, sin facultades para cancelar candidaturas, imponer sanciones o declarar inelegibilidades. De acuerdo con el proyecto, la evaluación no sustituirá investigaciones judiciales ni procedimientos penales y tampoco limitará el derecho constitucional de votar y ser votado.

La reforma también contempla que los resultados de las evaluaciones sean confidenciales y únicamente conocidos por los partidos políticos, quienes conservarán la decisión final sobre mantener o no una candidatura. El documento sostiene que el modelo busca fortalecer la integridad electoral sin afectar la presunción de inocencia ni la autodeterminación de los partidos políticos.

Sin embargo, la naturaleza voluntaria del mecanismo ha generado cuestionamientos entre especialistas y actores políticos, debido a que un aspirante señalado por posibles vínculos con actividades ilícitas podría competir electoralmente aun sin aceptar ser evaluado por el órgano electoral.

La Comisión legislativa defendió el esquema al señalar que su objetivo es crear herramientas preventivas para alertar a los partidos sobre posibles riesgos, siguiendo experiencias internacionales enfocadas en blindar procesos democráticos frente a la infiltración del crimen organizado.