Sheinbaum rechaza tensiones con Estados Unidos y Canadá por propuesta de visas en medio de críticas por gentrificación
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la propuesta que plantea imponer visas a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá ante las crecientes críticas por la gentrificación y la privatización de playas en distintas regiones del país. Durante su posicionamiento, la mandataria señaló que la iniciativa puede discutirse como una posibilidad, aunque dejó en claro que su gobierno busca mantener una relación de cooperación y cercanía con ambos países, evitando confrontaciones innecesarias.
Sheinbaum reconoció que aún persisten casos de abusos relacionados con la ocupación irregular de espacios públicos y playas, pero sostuvo que actualmente existe una política distinta para atender estas problemáticas. Indicó que, cuando existen denuncias legítimas por privatización de playas o despojo de terrenos, las autoridades federales intervienen para garantizar el acceso público y el cumplimiento de la ley.
La presidenta también reiteró que México mantiene una estrategia enfocada en atraer turismo internacional y fortalecer los vínculos con visitantes extranjeros, especialmente de Norteamérica, debido a la importancia económica del sector turístico para el país.
La discusión sobre posibles restricciones migratorias ocurre en un contexto de creciente inconformidad social en destinos turísticos y ciudades con alta presencia de extranjeros, donde habitantes han denunciado aumentos en rentas, desplazamiento de comunidades locales y privatización de espacios públicos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, Estados Unidos y Canadá se mantienen como los principales mercados emisores de turistas hacia México. Tan solo en 2025, más del 70 por ciento de los visitantes internacionales que ingresaron vía aérea provinieron de ambos países.
Además, la legislación mexicana establece que las playas son bienes nacionales de uso público. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Secretaría de Marina cuentan con atribuciones para intervenir en casos donde se limite ilegalmente el acceso ciudadano a zonas costeras.

