El Instituto Nacional Electoral concluyó que la elección judicial prevista originalmente para 2027 requería una “reingeniería” total del modelo electoral mexicano, por lo que respaldó el aplazamiento de los comicios hasta junio de 2028 para evitar un colapso operativo, logístico y presupuestal.

La advertencia quedó plasmada en el Diagnóstico Técnico enviado a la Cámara de Diputados y en el Informe Final de la Evaluación Integral del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. De acuerdo con ambos documentos, mantener concurrentes las elecciones judiciales con las intermedias de 2027 habría generado una sobrecarga inédita para el sistema electoral mexicano, debido a la coincidencia con elecciones de gubernaturas, alcaldías, congresos locales y la renovación del Congreso de la Unión.

El INE estimó que organizar simultáneamente ambos procesos habría implicado instalar cerca de 354 mil casillas y centros de votación, capacitar a tres millones de funcionarios electorales e imprimir alrededor de 985 millones de boletas. Además, la autoridad electoral alertó sobre la dificultad de fiscalizar más de 55 mil candidaturas y coordinar mecanismos diferenciados de conteo, resultados preliminares, radio y televisión, así como sistemas especiales de cómputo para la elección judicial.

Los informes también señalan que los 32 circuitos judiciales no coinciden con los 300 distritos electorales federales, lo que complicaría la distribución de boletas y la organización territorial de los comicios.

Ante ese escenario, el instituto planteó separar definitivamente las elecciones judiciales de los procesos políticos tradicionales y evitar recortes presupuestales para garantizar la viabilidad del nuevo modelo. El organismo también propuso cambios de fondo en la elección de jueces, magistrados y ministros, incluyendo nuevos mecanismos de selección y evaluación de perfiles.

Entre las recomendaciones se encuentra sustituir los actuales comités de evaluación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial por una Comisión Coordinadora única encargada de revisar candidaturas bajo criterios técnicos y meritocráticos.

Asimismo, el INE sugirió reforzar los filtros de idoneidad para aspirantes, establecer revisiones más exhaustivas sobre experiencia profesional y rediseñar las campañas, boletas y sistemas de conteo, incluso con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.

Según las proyecciones del instituto, realizar la elección judicial bajo el esquema original en 2027 habría costado al menos 8 mil millones de pesos, cifra que podría aumentar por gastos adicionales en capacitación y producción de materiales especializados.