La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos, citó a declarar ante el Ministerio Público de la Federación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos, como parte de dos investigaciones independientes de alto interés público vinculadas a agencias de Estados Unidos.

En el primer caso, Rocha Moya y otros nueve exfuncionarios y mandos policiacos sinaloenses —entre ellos el senador Enrique Inzunza, el exvicefiscal Dámaso Castro y jefes policiales como Marco Antonio Almanza, Alberto Jorge Contreras, José Antonio Dionisio y Juan Valenzuela— fueron requeridos para rendir una entrevista ministerial.

Esto surge tras la acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el Departamento de Justicia de Estados Unidios los señala por presunto narcotráfico y recepción de sobornos del Cártel de Sinaloa, un expediente que escaló luego de que Gerardo Mérida Sánchez, exresponsable de seguridad de la entidad, se entregara la semana pasada a las autoridades norteamericanas.

Por ahora, el Gobierno Federal rechaza una extradición al argumentar que Washington no ha presentado pruebas para una detención urgente.

En un expediente paralelo, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue notificada formalmente en el Palacio de Gobierno para comparecer en calidad de testigo el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas, con el fin de que declare sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en su entidad.