La política de registro obligatorio de telefonía móvil en México enfrenta un escenario crítico a solo 53 días de que concluya el plazo oficial, debido a que el 82.5 por ciento de las líneas telefónicas aún no han sido vinculadas con la CURP y una identificación oficial.

Hasta el momento, únicamente 28.3 millones de líneas han sido registradas, de un total de 161.7 millones reportadas al cierre de 2025, lo que representa apenas un cumplimiento del 17.5%. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), advirtió que el rezago evidencia la dificultad para alcanzar la meta en el tiempo establecido. “Para cumplir este cometido, deberían ser registradas diariamente más de un millón 750 mil líneas de aquí al 30 de junio, esto es imposible”, afirmó.

Especialistas alertaron que, si el calendario no se modifica, podría generarse una desconexión masiva de líneas activas, con impactos operativos y económicos para las empresas de telecomunicaciones y para millones de usuarios. El problema impacta principalmente al segmento de prepago, que representa más del 83% del mercado móvil nacional y se caracteriza por una alta rotación de usuarios.

En sus reportes financieros del primer trimestre, América Móvil informó la pérdida de 483 mil accesos móviles, mientras que AT&T México reportó una caída de 577 mil líneas. Jesús Romo señaló que el efecto ya comienza a reflejarse en el negocio de los operadores móviles. “El efecto se concentra en el segmento de prepago, donde predominan consumidores de bajos ingresos y alta rotación”, explicó.

Por otra parte, expertos advirtieron riesgos relacionados con la eliminación de datos biométricos en el esquema de registro, ya que consideran que esto podría facilitar la suplantación de identidad. Mony De Swaan Addati, expresidente de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones, afirmó que actualmente basta con presentar una identificación y la CURP para activar una línea telefónica a nombre de otra persona.

“Se facilitó el registro, se aumentó la confianza, pero se debilitó la certeza sobre quién es el usuario real”, sostuvo. El especialista consideró necesario replantear el mecanismo regulatorio, al advertir que una eventual prórroga no resolvería los problemas estructurales del sistema actual.