El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, advirtió que el Congreso del Estado de Puebla dispone de un plazo improrrogable de seis meses para legislar en favor de las infancias trans. Durante su visita a la entidad, el ministro recordó que existe un mandato judicial que obliga a los legisladores locales a reconocer el derecho de niñas, niños y adolescentes a rectificar su acta de nacimiento según su identidad de género autopercibida.

La resolución de la SCJN exige una reforma al Código Civil poblano para garantizar que este trámite sea gratuito y accesible, eliminando la edad como una barrera discriminatoria. Aguilar Ortiz subrayó que el máximo tribunal cuenta con un área especializada para supervisar el cumplimiento de estas sentencias, por lo que el Poder Judicial de la Federación mantendrá una vigilancia estricta sobre el trabajo del Legislativo, encabezado por Pavel Gaspar.

Aunque el ministro evitó detallar las sanciones específicas en caso de desacato, enfatizó que el decreto ya tiene una fecha límite establecida. Este recordatorio surge tras previos llamados de la Corte que no obtuvieron resultados satisfactorios, lo que ha derivado en un seguimiento más riguroso para asegurar que se respeten los estándares internacionales de derechos humanos en la entidad.

Por su parte, el panorama político en Puebla muestra matices, ya que el gobernador Alejandro Armenta ha sugerido la necesidad de un debate amplio o incluso una consulta pública, argumentando que la sociedad mantiene opiniones divididas sobre el tema. Sin embargo, la jurisprudencia de la SCJN es clara al señalar que la identidad de género es un derecho humano que no debe estar sujeto a procesos de votación popular.

Con este ultimátum, el Congreso de Puebla entra en una cuenta regresiva para adecuar su marco legal y cumplir con la protección de las infancias trans e intersex. El cumplimiento de esta reforma no solo es un requerimiento administrativo, sino una obligación constitucional para evitar que Puebla incurra en mayores omisiones legales frente al máximo tribunal del país.