El Congreso de Puebla ha iniciado el análisis para crear un marco jurídico que permita legalizar las revisiones de pertenencias en las escuelas, tras la reciente ola de amenazas de tiroteos en la entidad. Esta iniciativa surge en un contexto de alta sensibilidad, pues se busca rescatar una medida que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional hace cinco años por vulnerar la intimidad de los estudiantes.

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Pavel Gaspar Ramírez, adelantó que el Poder Legislativo abrirá el diálogo con especialistas, docentes y padres de familia antes de presentar una iniciativa formal. El objetivo es construir un marco regulatorio sólido que no sea derribado por los tribunales, como ocurrió en 2021 cuando la SCJN invalidó el programa “Mochila Segura”.

En aquel entonces, el máximo tribunal del país determinó que las revisiones generalizadas carecían de sustento legal y violaban el derecho a la privacidad y la presunción de inocencia de los menores. No obstante, Gaspar Ramírez enfatizó que la actual coyuntura de seguridad obliga al Congreso a explorar vías legales que permitan actuar preventivamente sin atropellar los derechos fundamentales.

Mientras el Congreso analiza la ley, en el ámbito operativo las acciones ya comenzaron; el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH) se ha convertido en el primer plantel de la capital en implementar detectores de metales en sus accesos. Esta medida responde directamente a los mensajes de alerta hallados en los sanitarios de la institución durante las últimas semanas.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) estatal, Manuel Viveros Narciso, confirmó que este blindaje se realiza en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Aunque por ahora es una acción exclusiva del CENHCH, el funcionario reveló que se evalúa extender el uso de detectores a otras escuelas que han presentado escenarios similares de riesgo.