El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que los convenios de colaboración administrativa con ayuntamientos no implican un despojo de recursos ni vulneran la autonomía municipal, sino que buscan combatir el rezago en la recaudación del impuesto predial.

El mandatario señaló que en los municipios existe un rezago de hasta 60% en el cobro de este impuesto, por lo que la estrategia pretende fortalecer las finanzas locales y permitir el acceso a hasta 30% de los ingresos excedentes del Fondo de Fomento Municipal (FFM). “No les vamos a quitar el recurso a los ayuntamientos, los vamos a ayudar”, afirmó.

En conferencia de prensa, explicó que el objetivo es robustecer la hacienda pública municipal mediante el uso de infraestructura estatal, como plataformas y puntos de pago, para mejorar la eficiencia recaudatoria.

Armenta indicó que uno de los principales problemas de los municipios es la generación de ingresos propios, por lo que estos convenios buscan articular mejor la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia financiera.

Además, sostuvo que atender el rezago en el predial es una medida necesaria, tras señalar que la actual administración ha buscado sanear compromisos financieros heredados que limitan la inversión pública. El gobernador subrayó que la adhesión a este esquema es voluntaria y no obligatoria para los ayuntamientos.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Puebla, Daniela Pérez Calderón, informó que 90 de los 217 municipios del estado ya han firmado estos convenios. Explicó que el modelo se basa en el marco legal vigente y tiene antecedentes a nivel nacional, donde 891 municipios en 26 entidades operan bajo esquemas similares para acceder a mayores recursos federales.

La funcionaria insistió en que la medida no afecta la soberanía municipal ni implica retención de participaciones, sino que busca mejorar los procesos de recaudación.

Finalmente, destacó que la reforma a la Ley de Coordinación Hacendaria estatal, aprobada en marzo de 2026, tiene como objetivo que los municipios incrementen su eficiencia financiera y traduzcan los ingresos en obras y servicios para la población.