Puebla evalúa regreso del operativo Mochila Segura ante ola de retos virales
Tras una serie de alarmas por presuntos tiroteos en diversos planteles del estado, el Gobierno de Puebla analiza la reactivación del programa Mochila Segura en escuelas. Sin embargo, para evitar los reveses legales del pasado, la propuesta actual establecería la condición de que deben ser los padres de familia, y no los docentes ni policías, quienes encabecen los operativos.
La urgencia por retomar esta medida surge tras un mes de abril marcado por al menos cinco amenazas de ataques armados en instituciones como el CENHCH, el CBTIS de Atlixco, así como planteles en Huejotzingo y San Martín Texmelucan.
Aunque las autoridades confirmaron que se trata de falsas alarmas vinculadas a retos virales de TikTok, como el denominado “tiroteo mañana”, el gobernador Alejandro Armenta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y hasta la Comisión de Educación deñ Cabildo poblano consideran necesario un esquema de prevención que también combata el riesgo de narcomenudeo en los entornos escolares.
El principal obstáculo de “Mochila Segura” es su historial jurídico; hace más de cinco años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el programa de revisiones generalizadas, al considerar que vulneran la intimidad, la dignidad y la presunción de inocencia de los menores.
Para sortear este impedimento, el gobernador propuso un esquema de consentimiento “voluntario” con formatos de autorización, participación de los tutores para realizar la inspección física; la policía solo brindará acompañamiento perimetral o a distancia. Asimismo, contempla la vigilancia de la Comisión de Derechos Humanos para garantizar que no existan abusos.
De aprobarse, estas revisiones serían aleatorias y en espacios públicos dentro de las instituciones. “Si no involucramos a los padres de familia, no tiene sentido”, puntualizó Armenta, destacando que los docentes no deben asumir una carga que no les corresponde legalmente.
De lograr el consenso con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y las asociaciones de padres, este nuevo modelo interinstitucional podría entrar en vigor a partir del próximo ciclo escolar.




