Iván N., exsíndico de San Pedro Cholula, permanecerá en prisión preventiva en el penal de dicho municipio tras ser vinculado a proceso por el delito de secuestro exprés agravado con fines de extorsión. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla sostiene que el exfuncionario orquestó un plan para apoderarse del control administrativo del mercado Cosme del Razo, el principal centro de abasto de la localidad, mediante la privación ilegal de la libertad de un comerciante y el uso de amenazas con armas de fuego.

De ser hallado culpable en el juicio oral, Iván N. podría enfrentar una condena de hasta 40 años de prisión. La investigación detalla que los hechos delictivos comenzaron a gestarse en diciembre de 2024, cuando el entonces síndico presuntamente citó a la víctima en las oficinas del Ayuntamiento para exigirle información operativa del mercado y presentarle a quienes pretendía imponer como nuevos administradores.

El conflicto escaló el 8 de julio de 2025, cuando un grupo de aproximadamente 180 personas, presuntamente bajo las órdenes de Minutti, intentó tomar el inmueble por la fuerza. Durante el incidente, se reportaron daños a la infraestructura, la destrucción de cámaras de vigilancia y el robo de más de 68 mil pesos en efectivo, acciones que fueron contenidas tras la intervención de la Policía Municipal.

A pesar de que la defensa del imputado promovió un juicio de amparo para solicitar su libertad inmediata alegando irregularidades en la detención, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en Puebla negó la suspensión definitiva. Cabe destacar que este no es el único proceso que enfrenta el exservidor público, ya que desde septiembre de 2025 cuenta con una vinculación previa por falsedad de declaraciones, proceso que inicialmente derivó en su separación del cargo pese a sus intentos de ser restituido mediante recursos ante el Tribunal Electoral y la Suprema Corte.

Locatarios y víctimas han señalado de manera persistente a Iván N. por presuntamente negociar espacios comerciales con organizaciones externas al municipio y proteger a grupos de choque involucrados en los intentos de despojo.

La Fiscalía fundamenta el caso en al menos siete denuncias penales que describen un esquema de extorsión y violencia para desestabilizar la administración del mercado. En los próximos meses se llevará a cabo la etapa intermedia del proceso, donde se desahogarán las pruebas que definirán la responsabilidad penal del exfuncionario en estos hechos de alto impacto.