Reservan vuelos de Alejandro Armenta hasta 2031 por “riesgos a la seguridad”
El gobierno de Puebla reservó hasta 2031 la información sobre los vuelos oficiales del gobernador Alejandro Armenta Mier, al argumentar que su difusión representa un riesgo para la seguridad pública y la integridad de los servidores públicos. La Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración determinó que dar a conocer estos datos podría permitir la identificación de patrones operativos y logísticos de las aeronaves oficiales, lo que abriría la posibilidad de interferencias o vulnerabilidades en su funcionamiento.
La información clasificada incluye los registros de los helicópteros con matrículas XC-HPZ, XC-LMO y XC-LNA, así como los viajes realizados entre el 14 de diciembre de 2024 y el 13 de marzo de 2026. La solicitud de información, realizada por el medio informativo: Serendipia, no contemplaba datos en tiempo real, sino un listado de viajes ya efectuados: fechas, destinos, motivos, gastos y acompañantes. Es decir, información básica relacionada con la rendición de cuentas.
Pese a ello, la dependencia estatal sostuvo que incluso estos datos históricos podrían comprometer la seguridad operativa, al facilitar la previsión de movimientos y posibles puntos vulnerables.
Este no es el primer señalamiento sobre la falta de transparencia en los traslados del mandatario. En una solicitud previa, la Oficina del Gobernador indicó que no cuenta con una partida específica para identificar los gastos de los viajes, pese a que se han documentado más de 100 traslados en sus primeros meses de gestión.
El uso de helicópteros ha sido uno de los puntos más cuestionados. Registros públicos, antes disponibles en plataformas de rastreo aéreo, mostraban múltiples vuelos entre Puebla y la Ciudad de México, algunos de ellos realizados de forma recurrente. Tras la difusión de estos datos por medios de comunicación, el gobierno estatal restringió el acceso a la información de las aeronaves, que ahora forma parte de los documentos oficialmente reservados.
La decisión de clasificar esta información ocurre en medio de cuestionamientos sobre transparencia, uso de recursos públicos y la congruencia con el discurso ambiental del propio gobernador, quien ha promovido posturas en favor de la reducción de emisiones contaminantes.



