En el Congreso de Puebla, legisladores de distintos partidos han presentado iniciativas con objetivos prácticamente idénticos, pero con diferencias en redacción y tiempos de ingreso, sin que ninguna avance en el proceso legislativo.

Una revisión a los proyectos detectó al menos seis casos en los que propuestas coinciden en fondo. El más reciente corresponde a una reforma al Código Penal para sancionar la sustracción de agua sin permisos. El diputado de Fuerza por México, Elpidio Díaz Escobar, presentó el 16 de abril una iniciativa con penas de hasta cinco años de prisión; sin embargo, en octubre de 2024, Miguel Márquez Ríos, del Partido Verde, ya había ingresado una propuesta en el mismo sentido.

Otro caso es la llamada Ley Alina, que busca reconocer la legítima defensa para mujeres víctimas de violencia. En Puebla, la panista Celia Bonaga Ruiz y la petista Xel Arianna Hernández García presentaron iniciativas similares con semanas de diferencia.

También se repitieron propuestas para reformar la Ley de Movilidad estatal y obligar a plazas comerciales a ofrecer estacionamiento gratuito. Estas fueron impulsadas por Rafael Micalco Méndez, Delfina Pozos Vergara y Jaime Natale Uranga, entre enero y febrero de este año.

En materia penal, dos iniciativas buscan aumentar las penas por feminicidio hasta 70 años de prisión. La primera fue presentada en diciembre de 2025 por Pozos Vergara, mientras que el 16 de abril el petista José Luis Figueroa ingresó una propuesta similar con agravantes adicionales.

Asimismo, la llamada Ley Ingrid, que pretende sancionar la filtración de imágenes en investigaciones, fue replicada por la panista Susana Riestra Piña y la morenista Floricel González, con apenas una semana de diferencia.

Finalmente, la municipalización de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan también ha sido presentada en dos ocasiones, primero en noviembre de 2024 y luego en mayo de 2025, con resolutivos prácticamente idénticos.

Pese a la reiteración de propuestas, todas permanecen sin discusión en comisiones, lo que refleja el rezago legislativo en el Congreso local.