Puebla enfrenta una brecha crítica entre la denuncia ciudadana y la justicia efectiva en el sector salud; aunque el estado promedia 86 denuncias anuales por responsabilidad médica, menos del uno por ciento logra ser judicializado, dejando la gran mayoría de los expedientes en la congeladora de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Entre 2023 y 2025, se acumularon 259 carpetas de investigación, pero los resultados en tribunales son casi nulos: de los 108 casos reportados tan solo en el último año, ninguno logró avanzar ante un juez.

El sistema de justicia poblano muestra una ineficacia persistente frente a este delito, el cual castiga la negligencia, impericia o imprudencia de profesionales de la salud con penas de hasta seis años de prisión y la suspensión del ejercicio profesional.

A pesar de que casos recientes, como el fallecimiento de un adolescente en una unidad del IMSS por presunta mala práctica, han reavivado la indignación pública, el proceso legal sigue siendo un camino cuesta arriba para las víctimas, quienes se enfrentan a procesos largos y a una integración de expedientes que rara vez prospera.

Mientras la Comisión Estatal de Arbitraje Médico se limita a labores de conciliación, las sanciones administrativas y las clausuras de clínicas por parte de las autoridades sanitarias son prácticamente inexistentes.

Este panorama de baja judicialización —con solo dos casos llevados ante un juez en los últimos tres años— refleja no solo un reto técnico en la procuración de justicia, sino una crisis de confianza en el sistema de salud y legal de la entidad, donde la responsabilidad por consecuencias graves, incluida la muerte, queda frecuentemente sin castigo.