La dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, fue señalada por presuntamente utilizar su posición política para presionar a Estela Romero Bringas, de 85 años, con el objetivo de que desista de la disputa por la herencia de la empresaria avícola Socorro Romero Sánchez, valuada en más de 600 millones de dólares.

El origen del conflicto se remonta a la muerte de Romero Sánchez en 2009, cuando dejó un testamento que designaba como heredera universal a su sobrina Elena Romero Bringas, además de nombrar como albaceas a sus hijos. Durante varios años, ese documento fue la base legal del control del emporio empresarial; sin embargo, otros familiares comenzaron a impugnarlo, alegando irregularidades en su elaboración.

A partir de 2012 se iniciaron juicios intestamentarios paralelos, mientras que en 2015 Olga Lucía Romero Garci-Crespo promovió un cambio de identidad para adoptar el apellido Romero, con el argumento de que su padre biológico pertenecía a esa familia. Este movimiento le permitió integrarse formalmente a la disputa por la herencia, lo que intensificó el conflicto legal y familiar.

El caso tomó mayor relevancia entre 2018 y 2021, cuando Romero Garci-Crespo, ya como figura política, impulsó denuncias por presunta falsificación del testamento. Aunque un amparo confirmó la validez del documento original, el litigio continuó mediante nuevas impugnaciones y procesos penales.

En paralelo, la estructura de control de la empresa también se fracturó. Tras la muerte de Alfonso Celis Romero en 2023, su hijo asumió un rol central en la disputa y confrontó legalmente a su tío Miguel Ángel Celis Romero, quien posteriormente fue detenido en 2025 por presuntos delitos relacionados con la administración de la compañía.

El conflicto escaló aún más en abril de 2026, con la detención de Estela Romero Bringas, de 85 años, acusada junto con un notario de falsificar el testamento. El operativo para su aprehensión, así como su estado de salud, generaron críticas sobre el uso de la fuerza pública y la actuación de la Fiscalía estatal.

Abogados de la familia han denunciado que la investigación presenta irregularidades, como la presunta sustracción del testamento original de la notaría y el uso de pruebas médicas para argumentar que la empresaria no estaba en pleno uso de sus facultades al momento de firmar el documento. Estas versiones contrastan con testimonios de personas cercanas que aseguran que Romero Sánchez se mantuvo lúcida hasta el final de su vida.

En este contexto, las acusaciones contra Romero Garci-Crespo se centran en un supuesto uso de su influencia política para incidir en el proceso judicial, algo que no ha sido acreditado de manera concluyente por autoridades, pero que ha sido señalado de forma reiterada por los otros herederos.

El caso se mantiene abierto y combina litigios civiles, penales y disputas familiares, en torno a una herencia valuada en más de 600 millones de dólares, lo que explica la intensidad y duración del conflicto.