La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración mantiene bajo revisión las denuncias por presuntas amenazas e intimidaciones del crimen organizado contra trabajadores de la mina Camino Rojo, ubicada en Zacatecas.

La mandataria indicó que el análisis se realiza de manera coordinada entre distintas dependencias federales, con énfasis en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuyo titular es Marath Bolaños. El objetivo es revisar a detalle las denuncias y definir posibles acciones conforme avance la investigación.

El caso involucra a la empresa Orla Mining, concesionaria del proyecto en el municipio de Mazapil. Reportes señalan que trabajadores afiliados a un sindicato vinculado a Napoleón Gómez Urrutia habrían sido objeto de amenazas de muerte y presiones para cambiar su afiliación sindical, presuntamente con intervención de grupos delictivos.

El gobierno federal también analiza el caso en el marco de compromisos internacionales derivados del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, particularmente a través del Mecanismo de Respuesta Rápida, que ya emitió una resolución preliminar en la que se identifican indicios de injerencia patronal en asuntos sindicales. Ante este escenario, la administración federal no descartó revisar la concesión minera, aunque precisó que cualquier determinación dependerá de los resultados de las investigaciones en curso.

Los reportes documentan que las agresiones ocurrieron tanto en espacios laborales como en domicilios particulares, lo que ha generado preocupación por la posible intervención del crimen organizado en conflictos laborales. De confirmarse, estos hechos podrían constituir violaciones a los derechos laborales y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

El gobierno federal reiteró que continuará con la recopilación de información y que dará a conocer avances una vez que se cuente con datos verificados.