En 2025, el estado de Puebla registró una tasa de fecundidad forzada de 2.95 nacimientos por cada mil niñas de entre 12 y 14 años, cifra superior al promedio nacional de 2.39, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población.

Este indicador mantiene a la entidad dentro de los 10 estados con mayor incidencia en el país, pese a una disminución respecto a 2018, cuando la tasa fue de 3.68 nacimientos por cada mil menores en ese rango de edad.

Según el estudio sobre características sociodemográficas de niñas madres, Puebla ocupó el octavo lugar nacional. Por encima se ubicaron entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, que concentran las tasas más altas.

El propio Conapo advierte que la fecundidad en niñas de 10 a 14 años constituye una grave violación a los derechos humanos y un problema de salud pública, ya que en la mayoría de los casos está asociada a violencia sexual.

Diversos análisis coinciden en que este problema está relacionado con condiciones históricas y sociales persistentes, como la pobreza, la desigualdad, la discriminación estructural y la prevalencia de usos y costumbres que normalizan uniones tempranas.

Estas dinámicas tienen mayor presencia en regiones con alta población indígena, donde prácticas como matrimonios o convivencias arregladas continúan afectando directamente a niñas y adolescentes.

A nivel internacional, organismos como Organización de las Naciones Unidas han establecido que ninguna práctica cultural puede estar por encima de los derechos humanos, particularmente en el caso de menores de edad.

En México existe un marco legal que protege a niñas, niños y adolescentes frente a la violencia, incluyendo la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como reformas constitucionales que limitan la validez de usos y costumbres cuando vulneran derechos fundamentales.

Sin embargo, especialistas advierten que persiste una brecha importante entre la legislación y su aplicación, sobre todo en comunidades donde estas prácticas continúan vigentes.

El embarazo en niñas implica consecuencias graves en su desarrollo físico, psicológico y educativo. Entre los efectos más frecuentes se encuentran el abandono escolar, complicaciones de salud y la limitación de oportunidades a largo plazo.

En este contexto, cobra relevancia la NOM-046-SSA2-2005, que garantiza el acceso a servicios de salud para víctimas de violencia sexual, incluida la posibilidad de solicitar la interrupción del embarazo en instituciones públicas.

Aunque la tasa en Puebla muestra una reducción en los últimos años, especialistas advierten que esto no implica una mejora estructural, sino que el problema persiste y requiere políticas públicas integrales enfocadas en salud, educación, acceso a justicia y prevención de la violencia.