Tras una jornada de debate extensa, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular el llamado “Plan B” de la reforma electoral. La sesión en San Lázaro se prolongó debido a la confrontación entre Morena y los bloques de oposición, lo que derivó en la presentación de múltiples reservas por parte de legisladores del PAN y el PRI.

El dictamen aprobado establece cambios significativos en la administración de los recursos públicos, destacando un tope presupuestal para los Congresos estatales. Bajo esta nueva normativa, el presupuesto de las legislaturas locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de su respectiva entidad, una medida que busca reducir el costo operativo de los órganos legislativos en todo el país.

La reforma también impacta la estructura de los gobiernos municipales al fijar un límite máximo de 15 regidores y una sola sindicatura por cada Ayuntamiento. Además, el proyecto avalado por la mayoría oficialista impone restricciones salariales en el Instituto Nacional Electoral y en los tribunales electorales.

En el ámbito local, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en Puebla, Marcos Castro Martínez, adelantó que se convocará a una sesión extraordinaria esta misma semana para dar trámite a la minuta del “Plan B”. El legislador panista señaló que, una vez recibida la notificación de la Cámara de Diputados, el Congreso poblano deberá poner a consideración estas modificaciones que ya fueron avaladas previamente por el Senado de la República.

Pese al avance legislativo, la oposición ha reiterado su rechazo a la iniciativa, argumentando que la eliminación de regidurías afecta la representación en municipios grandes como la capital poblana. La discusión ahora se traslada a los estados, donde las legislaturas locales deberán validar formalmente estos ajustes que transforman el sistema de gasto y organización electoral en México.