México confirmó un giro en su política energética al anunciar su incursión en la extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking, con el objetivo de disminuir su alta dependencia de las importaciones provenientes de Estados Unidos. El plan contempla que la extracción de gas en yacimientos no convencionales sea encabezada por Petróleos Mexicanos (Pemex), con el inicio de operaciones proyectado para 2027. Esta estrategia busca incrementar la producción nacional ante un contexto en el que alrededor del 75% del gas que consume el país es importado.

De acuerdo con estimaciones oficiales, México cuenta con importantes reservas de gas no convencional, principalmente en regiones del norte del país y en zonas cercanas al Golfo de México, con un potencial de hasta 141 billones de pies cúbicos. La meta es que, hacia 2035, se sumen más de 3 mil millones de pies cúbicos diarios adicionales de producción de este tipo de gas, además del crecimiento en el gas convencional.

Actualmente, la producción nacional se sitúa en aproximadamente 2.3 mil millones de pies cúbicos diarios, lo que evidencia la brecha frente a la demanda interna. El impulso a esta técnica ocurre en un contexto de transformación del sector energético, donde el gas natural es considerado un insumo clave para la generación eléctrica y la actividad industrial. La estrategia también responde a escenarios internacionales de tensión geopolítica que han afectado el suministro energético en distintas regiones del mundo.

Aunque el término fracking no ha sido utilizado de manera directa en los anuncios oficiales, el proyecto se enfoca en la explotación de yacimientos de geología compleja. Las autoridades han señalado que se evalúan tecnologías que reduzcan el impacto ambiental, incluyendo el uso de agua reciclada o alternativas menos contaminantes.

No obstante, esta decisión marca un cambio respecto a políticas anteriores, cuando se limitó el uso de esta técnica ante preocupaciones ambientales. La fracturación hidráulica ha sido cuestionada por organizaciones civiles debido a su consumo intensivo de agua y posibles afectaciones a los ecosistemas.

El proyecto se encuentra actualmente en fase de análisis técnico y económico, con la participación de especialistas que evaluarán su viabilidad en los próximos meses, en un proceso que definirá el futuro energético del país.