La crisis provocada por el derrame de hidrocarburo en la costa sur de Veracruz ya escaló al terreno legal; pescadores de la comunidad de Jicacal, junto con habitantes de la zona, comenzaron a organizar una demanda colectiva ante las afectaciones que han paralizado su actividad desde finales de marzo.

Con el respaldo del Instituto Federal de Defensoría Pública, los inconformes documentan los daños mediante testimonios, fotografías y registros técnicos. De manera preliminar, estiman que al menos 150 familias se han quedado sin ingresos, luego de que la contaminación obligara a suspender la pesca ribereña.

El impacto se ha concentrado en áreas clave para la captura de especies y ecosistemas como manglares, donde el hidrocarburo ha dejado inservibles tanto redes como embarcaciones. La imposibilidad de trabajar ha generado incertidumbre entre quienes dependen diariamente del mar para subsistir.

A la par, los pobladores denuncian falta de claridad por parte de las autoridades. Aunque se han realizado inspecciones y censos, aseguran que no hay información precisa sobre el origen del derrame ni sobre posibles compensaciones económicas.

El malestar se replica en otras comunidades cercanas como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, donde también comienzan a organizarse para exigir indemnizaciones. La afectación, advierten, no se limita a la pesca, sino que alcanza al turismo y al comercio local.

Mientras tanto, organizaciones ambientales alertan que la ausencia de datos oficiales y acciones contundentes podría agravar los daños ecológicos. En este escenario, las comunidades avanzan en la vía legal como una forma de exigir responsabilidades y obtener apoyo frente a una contingencia que ha golpeado directamente su forma de vida.