La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un endurecimiento en la estrategia diplomática frente a la muerte de connacionales en centros de detención de Estados Unidos, bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el Gobierno Federal informó que dejará de limitarse al envío de notas diplomáticas para escalar las denuncias ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La cifra de fallecimientos ha encendido las alarmas en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ya contabiliza 14 mexicanos muertos en operativos o centros de reclusión durante el presente ciclo político. Entre los casos que motivaron esta ofensiva legal se encuentra el de un joven de 19 años en el condado de Glades, Florida, inicialmente catalogado como suicidio por autoridades estadounidenses, pero cuestionado por el consulado mexicano debido a posibles omisiones en los protocolos de vigilancia.

Otro punto crítico identificado por la administración mexicana es el centro de detención de Adelanto, California, donde se han reportado múltiples episodios de negligencia médica. Por ello, la mandataria instruyó que el consulado de México en Los Ángeles ofrezca una conferencia de prensa para detallar las irregularidades documentadas en dicha ciudad, mientras que el canciller Juan Ramón de la Fuente ordenó a la red de 53 consulados en el país vecino reforzar la supervisión presencial en los centros de detención.

La estrategia de México incluye también un acercamiento directo con el embajador de Estados Unidos, Ronald D. Johnson, y el envío de comunicaciones al fiscal de California, Rob Bonta. Con estas medidas, el gobierno mexicano busca obtener medidas cautelares globales que garanticen la integridad física y la dignidad de los migrantes en proceso de expulsión.