El Congreso de la Unión contará con un plazo de apenas 15 días para modificar las leyes secundarias necesarias para implementar la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, una vez que concluya su aprobación constitucional.

De acuerdo con los artículos transitorios del llamado “plan B”, el Poder Legislativo deberá armonizar diversos ordenamientos antes del 30 de mayo, entre ellos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el fin de hacer operativos los cambios aprobados.

Se prevé que la reforma sea avalada por la Cámara de Diputados el 8 de abril y posteriormente por la mayoría de los congresos estatales, para ser promulgada a mediados del mes. Con ello, el Congreso dispondría únicamente del resto del periodo ordinario, que concluye el 30 de abril, para aprobar la legislación reglamentaria. En caso contrario, tendría que convocar a un periodo extraordinario para cumplir con el plazo constitucional.

Entre los principales ajustes se encuentra la actualización del marco electoral para adecuarlo a la nueva integración de los ayuntamientos, que ahora estarán conformados por una sindicatura y hasta 15 regidurías, con el objetivo de optimizar el uso de recursos públicos.

Asimismo, la reforma contempla la ampliación del principio de paridad de género en la integración de los gobiernos municipales, lo que implicará adecuaciones normativas para garantizar su cumplimiento en los procesos electorales.

En paralelo, se realizarán modificaciones a la Ley de Remuneraciones para ajustar los ingresos de consejeros y magistrados del Instituto Nacional Electoral y de los tribunales electorales, estableciendo que no podrán superar el salario del titular del Ejecutivo federal, además de limitar beneficios adicionales financiados con recursos públicos.

De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez, la armonización de leyes secundarias es un paso clave en cualquier reforma constitucional, ya que permite traducir los cambios generales en reglas operativas concretas para su aplicación en el sistema electoral.

Finalmente, también se prevé que los congresos estatales realicen ajustes a sus marcos legales antes del 30 de mayo, con el objetivo de garantizar la implementación uniforme de la reforma en todo el país.