El caso de Diana Belén García Alfaro, activista y rescatista de animales de 37 años, ha generado una profunda indignación tras confirmarse su localización sin vida en el municipio de Tultitlán, Estado de México.

Belén había sido reportada como desaparecida el pasado 19 de marzo de 2026 en la colonia Sierra de Guadalupe, apenas un día después de que se perdiera el contacto con ella. Durante meses, la víctima utilizó sus redes sociales para documentar un entorno de hostigamiento y violencia que finalmente culminó en su feminicidio.

Antes de su desaparición, Belén denunció de manera reiterada ser víctima de amenazas y agresiones por parte de una familia de vecinos, a quienes identificó directamente. Según sus publicaciones, el conflicto se originó por el intento de estas personas de despojarla de la vivienda que rentaba.

La activista detalló actos de crueldad, como el envenenamiento de sus perros y agresiones físicas que le dejaron lesiones visibles en el rostro, las cuales mostró en video días antes de morir. “No quiero ser un número más”, escribió en uno de sus últimos mensajes, donde suplicaba ayuda a las autoridades.

A pesar de que Belén inició procesos legales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) desde noviembre de 2024 y solicitó auxilio policial en diversas ocasiones, denunció que no recibió protección efectiva; en sus testimonios, llegó a señalar que un mando de la policía municipal tenía vínculos familiares con sus agresores, lo que habría obstaculizado la atención a sus llamados de emergencia.

Compañeros rescatistas y colectivos feministas han lanzado una campaña en redes sociales bajo la consigna #JusticiaparaBelén, exigiendo que el crimen no quede impune y que se investigue la omisión de las autoridades que ignoraron sus alertas previas.