Un juez de Control otorgó 16 órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y elementos de seguridad del estado de Michoacán por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, en 2017.

Entre las órdenes destaca la emitida contra Silvano Aureoles Conejo, así como contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez. Ambos son señalados por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura.

Las otras 14 órdenes de captura fueron giradas contra policías estatales que habrían participado en el operativo del 5 de abril de 2017, en el que cuatro habitantes de la comunidad fueron asesinados y varias personas más resultaron lesionadas.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán presentó los elementos de prueba que permitieron al juez autorizar las órdenes de aprehensión, como parte de las investigaciones sobre el uso de la fuerza en ese operativo policial.

El caso de Arantepacua ha sido señalado como uno de los episodios de violencia institucional más relevantes en la entidad, en un contexto donde organismos nacionales han documentado irregularidades en operativos de seguridad pública.

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en México se han emitido diversas recomendaciones por violaciones a derechos humanos relacionadas con el uso excesivo de la fuerza por parte de corporaciones policiales (Fuente: CNDH, informes sobre uso de la fuerza).

Las órdenes de aprehensión marcan un avance en el proceso judicial por estos hechos, ocurridos hace casi nueve años, y que continúan bajo investigación para determinar responsabilidades penales.