El pleno del Congreso del Estado de Puebla aprobó este viernes, por unanimidad, una reforma constitucional que pone fin a las denominadas “pensiones doradas”. Con esta decisión, Puebla se convierte en la séptima entidad del país en armonizar su legislación con la reforma federal al artículo 127, estableciendo un tope máximo para las jubilaciones de exservidores públicos pagadas con recursos del erario.

La nueva normativa estipula que ninguna pensión o jubilación del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos podrá exceder el 50% del salario de la persona titular del Ejecutivo Federal. Tomando como referencia que la remuneración mensual de la presidenta de la República ronda los 135 mil pesos, el límite para los jubilados de la alta burocracia quedará fijado en poco más de 70 mil pesos mensuales.

La reforma de la LXII Legislatura también ratifica que ningún funcionario en activo podrá percibir un sueldo mayor al de la Presidenta, ni superior al de su jefe jerárquico inmediato. Quedan excluidos de estos límites los integrantes de las fuerzas armadas y aquellas pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las cuales mantendrán sus esquemas actuales.