El asesinato de la activista Sandra Rosa Camacho Flores en el municipio de Temoac evidenció nuevamente el contexto de violencia que enfrentan personas defensoras y comunidades en el estado de Morelos, donde desde 2020 han sido asesinados al menos ocho líderes sociales.

La agresión ocurrió en el domicilio de la víctima, ubicado en la cabecera municipal, donde fue atacada por sujetos armados. El caso es investigado por la Fiscalía estatal bajo el protocolo de feminicidio, lo que implica la aplicación de perspectiva de género en las indagatorias.

El homicidio se suma a una serie de hechos violentos en la entidad. De acuerdo con registros de organizaciones civiles, en lo que va de marzo se han contabilizado 13 homicidios dolosos de mujeres, mientras que en el acumulado del año la cifra asciende a 31 casos.

Además, entre 2020 y 2023 se han documentado asesinatos de defensores sociales y ambientalistas en Morelos, lo que refleja un patrón de riesgo para quienes participan en causas comunitarias, particularmente en temas relacionados con territorio, medio ambiente y seguridad local.

Este contexto coincide con cifras nacionales. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), México mantiene niveles elevados de violencia contra personas defensoras y mujeres, con el delito de feminicidio y homicidio doloso como problemáticas persistentes en varias entidades del país (Fuente: SESNSP, incidencia delictiva 2025).

El caso también ocurre en medio de señalamientos previos sobre condiciones de inseguridad en Temoac, donde habitantes han denunciado extorsiones y violencia, así como la falta de denuncias formales debido al temor a represalias.

El incremento de la violencia en Morelos y el asesinato de personas vinculadas a causas sociales colocan nuevamente en la agenda la necesidad de fortalecer mecanismos de protección, acceso a la justicia y prevención del delito en el ámbito local.