La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma al artículo 127 de la Constitución que busca eliminar las llamadas “pensiones doradas” en organismos públicos como Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad.

El dictamen establece que las jubilaciones de servidores públicos no podrán superar la mitad de la remuneración del titular del Poder Ejecutivo federal, lo que equivale a un tope aproximado de 70 mil pesos mensuales.

Uno de los puntos centrales de la reforma es su aplicación retroactiva, lo que implicaría que las pensiones actualmente por encima de ese límite deberán ajustarse al nuevo monto establecido en la Constitución.

La iniciativa forma parte de una estrategia orientada a reducir el gasto público en sistemas pensionarios de empresas estatales y organismos descentralizados, donde se han identificado esquemas de retiro con montos elevados en comparación con el ingreso promedio nacional.

Sin embargo, el proyecto también ha generado debate en torno a su viabilidad jurídica, particularmente por el principio de no retroactividad de la ley, así como por posibles diferencias en el tratamiento de otros esquemas de retiro dentro del sector público, como los correspondientes a integrantes en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La reforma aún deberá discutirse en lo particular y continuar su proceso legislativo antes de su eventual entrada en vigor.