El gobernador Alejandro Armenta anunció que su administración prepara un proceso judicial contra Agua de Puebla para Todos, ante presuntas irregularidades en la concesión del servicio y posibles incumplimientos en la potabilización.

El mandatario señaló que la concesión —otorgada en administraciones anteriores— habría sido entregada en condiciones desfavorables para el estado y, según acusó, con violaciones a la Constitución. En ese contexto, cuestionó el papel de gobiernos pasados y su relación con la empresa operadora.

El titular del Ejecutivo estatal afirmó que la concesionaria, operada por Concesiones Integrales, cobra por el servicio de potabilización sin cumplir plenamente con esta obligación. “Se cobra en cada recibo, pero no se realiza el proceso”, sostuvo, al adelantar que ya se integran expedientes para proceder legalmente.

Aunque la cancelación total del contrato podría implicar un costo cercano a los 7 mil millones de pesos, el gobierno analiza alternativas como la adquisición de una participación mayoritaria en la empresa para retomar el control del servicio.

En paralelo, Armenta vinculó estas acciones con el plan de saneamiento del Lago de Valsequillo, uno de los cuerpos de agua más afectados por contaminación en la entidad. Indicó que ya se trabaja en la intervención de un tramo de hasta 109 kilómetros desde Santa Rita Tlahuapan hacia la cuenca, con avances parciales.

El gobernador subrayó que este tema ha sido parte de su agenda desde etapas anteriores en su carrera política y que actualmente se impulsa en coordinación con el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.