La Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la validez de la reforma a la Ley Minera aprobada en 2022, con la que el litio fue declarado como un recurso estratégico cuya exploración y explotación corresponden únicamente al Estado mexicano.

El máximo tribunal resolvió una acción de inconstitucionalidad promovida por legisladores, misma que fue considerada parcialmente procedente, pero finalmente infundada, al no acreditarse violaciones a principios constitucionales como legalidad, seguridad jurídica o al régimen de la industria minera.

Con esta decisión, se mantienen vigentes las disposiciones que prohíben otorgar concesiones a particulares para la explotación del litio, así como la reserva de esta actividad al Estado en todas sus etapas: exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento.

Asimismo, la Corte avaló la clasificación de los yacimientos de litio como zonas de reserva minera, lo que implica que su desarrollo debe realizarse bajo control federal y conforme a criterios técnicos establecidos en la legislación vigente.

En su análisis, el tribunal determinó que la reforma no obligaba a realizar una consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos, al considerar que no existe una afectación directa y diferenciada hacia estos grupos derivada de los cambios legales. La modificación a la Ley Minera también contempla la creación de un organismo público descentralizado encargado de gestionar el litio, reforzando su carácter como recurso estratégico para el país.

Este fallo consolida el modelo en el que el litio queda integrado al régimen de áreas estratégicas, similar a otros sectores reservados al Estado, y reafirma el control federal sobre uno de los minerales clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico.