Un grupo de 65 personas juzgadoras presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para impugnar la reforma judicial en México, al considerar que existen posibles violaciones a derechos humanos y falta de mecanismos efectivos de revisión en el ámbito interno.

De acuerdo con el recurso, la vía internacional fue activada luego de que no prosperaran alternativas legales dentro del país para cuestionar la reforma, lo que, según el planteamiento presentado, abre la posibilidad de que organismos internacionales analicen el caso bajo el principio de competencia subsidiaria.

La CIDH ya notificó al Estado mexicano sobre la solicitud y estableció un plazo de hasta cuatro meses para que responda. Además, evalúa la posibilidad de dar prioridad al caso e incluso considerar un procedimiento que permita analizar de forma conjunta su admisibilidad y el fondo del asunto.

Entre los argumentos expuestos en la petición se encuentra la presunta afectación a la carrera judicial, señalando que las personas promoventes cuentan con amplia experiencia acumulada dentro del sistema de justicia, lo que, de acuerdo con el documento, representaría una pérdida significativa de capital humano especializado.

Asimismo, el recurso plantea cuestionamientos sobre el proceso legislativo que dio origen a la reforma, al considerar que no se habrían cumplido estándares de deliberación democrática.

El caso podría escalar dentro del sistema interamericano si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determina que existen elementos suficientes para emitir un informe de fondo. En ese escenario, el asunto podría ser turnado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene facultades para emitir sentencias vinculantes para los Estados.

El proceso se encuentra en una fase inicial y dependerá de la respuesta del Estado mexicano y del análisis que realice la Comisión sobre la procedencia del caso.