La discusión del Plan B de la reforma electoral enfrenta un nuevo retraso en el Senado de la República, debido a ajustes en la redacción del artículo 115 constitucional, relacionado con la integración de los ayuntamientos y el respeto al federalismo.

El proyecto plantea que cada municipio sea gobernado por un ayuntamiento integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y entre siete y 15 regidurías. No obstante, actualmente existen entidades donde el número de regidores es menor, lo que podría derivar en un aumento automático en la integración de los cabildos.

Ante este escenario, legisladores trabajan en la modificación de disposiciones transitorias para evitar que la reforma obligue a incrementar el número de integrantes en los ayuntamientos, lo que contravendría criterios de austeridad en la administración pública.

En contraste, el artículo 35 constitucional, que regula la revocación de mandato, se mantiene sin cambios dentro de la iniciativa. Este establece que el ejercicio se realice en el tercer o cuarto año de gobierno, así como la posibilidad de promoción durante el proceso.

Debido a estos ajustes, las comisiones unidas encargadas del dictamen pospusieron la sesión prevista para analizar la propuesta, lo que aplaza su discusión en el pleno. Incluso, se prevé que el debate pueda trasladarse hasta la semana de Pascua, ante la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas.

El proceso de revisión incluye la participación de especialistas y académicos, además de la consulta con partidos políticos, lo que ha prolongado la elaboración del dictamen final.

En este contexto, persisten diferencias entre los grupos parlamentarios, particularmente en torno a aspectos clave de la reforma, lo que ha impedido avanzar en su aprobación.